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La UE obliga a los fabricantes de coches a reducir sus emisiones de CO2 en el 2012
La industria del automóvil afirma que la medida de la UE es "sesgada y poco fundamentada" y relega otras soluciones
Los automóviles no podrán, de promedio, arrojar a la atmósfera más de 130 gramos de CO2 por kilómetro.
La UE dice que el acuerdo voluntario no funciona
Antonio Cerrillo / Sabrina Carrera
Los nuevos vehículos europeos deberán recortar aún más sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) dentro de la estrategia europea para combatir el cambio climático. La Comisión Europea aprobó ayer varias medidas que obligarán a los fabricantes de coches a reducir las emisiones de CO2 hasta alcanzar una media de 130 gramos por kilómetro en el 2012, lo que comportará importantes mejoras tecnológicas. La UE ha tomado este acuerdo pocos días después de conocerse el cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU. En él, los expertos relacionan más nítidamente que nunca el calentamiento del planeta con las actividades del hombre derivadas de la quema de combustibles fósiles.
El plan de la UE se ha adoptado tras un duro forcejeo entre los comisarios de Medio Ambiente, Stavros Dimas, partidario de imponer todo el esfuerzo a los fabricantes de los vehículos, y el de Industria, Gunter Verheugen, defensor de implicar a otros sectores colaterales. Mientras tanto, los fabricantes expresaron ayer un rechazo sin tapujos.
La UE no ha definido aún, sin embargo, con qué medidas reglamentarias se aplicarán estos objetivos, que deberán concretarse en el futuro para ver cómo incide en cada gama de vehículos. En cualquier caso, la intención es que en el 2012 se consiga una reducción media obligatoria de CO2 de hasta 120 gramos por kilómetro.
No obstante, para conseguir este recorte de 10 gramos adicionales, se plantea como solución incorporar el uso de combustibles más limpios (biocombustibles), indicar una conducción más eficiente o regular la presión de los neumáticos, entre otras medidas.
Los responsables de la UE han tomado esta decisión al constatar que la industria automovilística no estaba consiguiendo alcanzar los objetivos marcados en el acuerdo voluntario establecido en 1998, cuando se decidió fijar como meta que los nuevos vehículos emitieran de media 140 gramos de CO2 por kilómetro a lo largo del año 2008. De hecho, en la actualidad, los vehículos fabricados en Europa generan 163 gramos de CO2 por kilómetro.
"Si retrasamos la adopción de medidas, el coste será mucho más elevado. Ganar la batalla para mitigar el peligroso cambio climático requiere reducciones sustanciales de los gases de efecto invernadero. Todos los sectores de la economía deberán participar y, muy especialmente, el del transporte", declaró Stavros Dimas. De hecho, las nuevas estrategias de la UE (en materia de energía o transporte) persiguen frenar el incremento de los gases invernadero para que haya más posibilidades de que no se rebase un incremento de temperatura de dos grados, umbral a partir del cual se pueden causar graves y costosos desequilibrios climáticos.
Naturalmente, la introducción de mejoras tecnológicas para conseguir que los coches emitan menos gases se aplicará en todas las gamas, marcas y modelos. Las medidas ya están siendo aplicadas por la industria automovilística, aunque con un ritmo más lento que el deseado por la UE. Ahora, los coches que se verán necesariamente más afectados serán aquellos que consumen más combustible y que sean más potentes y más pesados. La gran paradoja es que los usuarios optan cada vez más por vehículos mejor equipados, más seguros, pero a la par más pesados, recordaron fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Los fabricantes europeos rechazaron por "arbitraria y demasiado severa" la propuesta de la Comisión Europea. Los portavoces de Anfac señalaron a La Vanguardia que la medida se ha tomado con "un análisis sesgado y poco fundamentado", pues se ha adoptado sin una valoración de los costes que implica cada medida.
Opinan que se han relegado otras soluciones -para lograr el mismo objetivo-, como la conducción eficiente, la introducción de la fiscalidad ambiental sobre el CO2 o la mejora de las infraestructuras.
Los constructores europeos consideran que estas medidas pueden dañar el empleo y el crecimiento de la economía europea. "Hemos pedido al Gobierno europeo y a su Parlamento que elaborara una estrategia equilibrada y razonable de todas las partes para reducir las emisiones de CO2 incluyendo los coches actuales, así como los futuros modelos", explicó Sergio Marchionne, presidente de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) y máximo dirigente del grupo Fiat.
Por su parte, la organización ecologista Greenpeace declaró que la propuesta supone una "concesión a la industria del automóvil", al rebajarse su esfuerzo a "tan sólo 130 gramos por kilómetro".
El precio de la medida
"Creemos que hay formas más efectivas de reducir las emisiones de CO2 que las propuestas por la UE", afirmó Ivan Hodac, secretario general de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). Hodac también advirtió que el precio de los coches podría subir en unos 3.000 euros, lo que afectará más a los vehículos pequeños, pues el coste añadido podría ser entre un 25% y un 30% del precio.
Según la ACEA, la Comisión Europea propone el método más caro y menos efectivo económicamente puesto que afectará a diferentes regiones de la UE, conllevará numerosas deslocalizaciones, así como despidos que podrían afectar a 12 millones de trabajadores europeos.
Los fabricantes recordaron que, desde 1998, las continuas mejoras tecnológicas han permitido reducir un 13% las emisiones de CO2. Sin embargo, consideran necesario "un enfoque integrado en el que incluir medidas fiscales, de gestión del tráfico y de información a los conductores". Hodac también pidió una actuación de los poderes públicos para cambiar la mentalidad de los consumidores, que no compran de forma masiva los vehículos menos contaminantes del mercado.
También el comisario europeo de Industria, Gunter Verheugen, alertó de "los riesgos" que amenazan a los fabricantes de coches pequeños y medianos en países como España. Admitió que la propuesta podría elevar los precios, aunque ello no se traduciría necesariamente en pérdidas de empleo en el sector.
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