Cita de EPC:
Saludos,16/6/2007 INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ÉPOCA DE CIU
Expresidentes de Ferrocarrils declaran por sus sobresueldos
• Vilalta, Roig y Herce están acusados de malversación
J. G. ALBALAT
BARCELONA
Tres presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat durante los gobiernos de CiU admitieron ayer ante el juez que incentivaron la retribución de una serie de directivos de la empresa pública mediante un plan de pensiones con la intención de evitar que se fueran a otras compañías privadas. La fiscalía se querelló en diciembre del 2006 contra ellos y otros 13 ejecutivos de la firma por presunta malversación de fondos, prevaricación y falsedad, en relación con la contratación de un plan de pensiones supuestamente ilegal por el que 15 ejecutivos cobraron 3,22 millones de euros (536 millones de pesetas).
En calidad de imputados, comparecieron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona Albert Vilalta --que posteriormente, al dejar el cargo, fue conseller de Medi Ambient--, Enric Roig y Antonio Herce que, en este orden, ocuparon la presidencia de Ferrocarrils entre 1991 y el 2000. La fiscalía sostiene que los tres idearon el plan para beneficiarse del cobro irregular de esas pensiones. Solo Roig percibió tras salir de la empresa 1,07 millones de euros en este concepto, más 39.305 euros en dietas anómalas.
El fiscal sostiene que los querellados "valiéndose y abusando de los cargos" que ocuparon en la década de los 90 en Ferrocarrils decidieron "aumentar injustificadamente e ilegalmente las retribuciones dinerarias que percibían como trabajadores" de la compañía "con cargo a cuenta de la explotación de la empresa y, en definitiva, a costa de los fondos públicos que gestionaba". Para ello, suscribieron con una aseguradora un aparente plan de pensiones por el que la empresa ferroviaria realizó aportaciones entre 1991 y el 2000 por 2,72 millones de euros, que sería la cantidad presuntamente malversada, según la querella.
FUGA DE DIRECTIVOS
Tanto Vilalta, como Roig y Herce admitieron que se acordó concertar un plan de pensiones para altos directivos con la intención de buscar una fórmula que hiciera más atractiva su permanencia en la compañía y evitar su fuga a otras empresas. "Había mucha competencia", explicó Vilalta que, añadió, que el director financiero en ese momento --Roig, que después fue presidente-- le comunicó que el dispendio económico era "asumible".
Los tres imputados explicaron que la contratación del plan de pensiones no pasó por el consejo de administración porque era una cuestión salarial, a la vez que insistieron que creían que "era correcto" y que ningun organismo público les indicó la existencia de anomalías.
Sergio