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El Govern agota el crédito del BEI para la Línea 9
Publicado el 13-10-2008 , por Ignasi Pujol. Barcelona
Ifercat, empresa dependiente de la Generalitat, ha dispuesto ya de la totalidad de los dos préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones para financiar la obra.
La financiación de la Línea 9 del Metro de Barcelona, la mayor infraestructura impulsada nunca por la Generalitat, ha sido –y es– uno de los quebradores de cabeza más importantes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques en los últimos años. El Govern ha reconocido que ha dispuesto ya del importe total de los dos créditos, por un total de 1.300 millones de euros, concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2004 para financiar las obras.
En respuesta a un pregunta parlamentaria formulada por el portavoz de CiU en infraestructuras, Josep Rull, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, explica que el endeudamiento bancario de Ifercat (Infraestructures Ferroviàries de Catalunya) asciende hoy a 1.300 millones.
Esta cifra supone 210 millones más que la deuda de Ifercat –la empresa pública que se subrogó todos los contratos de la L9 adjudicados por Gisa en 2003– al cierre de 2007. En paralelo, las aportaciones de capital de la Generalitat han sido, desde 2004, de 419,6 millones.
El tripartito ha visto como el presupuesto de esta obra faraónica se ha disparado desde los 2.464 millones de euros presupuestados por el último Govern de CiU hasta los 6.507 millones actuales.
Para continuar con el proyecto, la Generalitat se ha visto obligada a buscar fuentes alternativas de financiación para cumplir las restrictivas normas de contabilidad europeas (SEC’95) y no hipotecar sus presupuestos.
Concesiones
En la respuesta, Nadal asegura que “no ha habido ninguna dificultad financiera y, por tanto, no ha habido ninguna repercusión en el ritmo de las obras”, hecho que cuestionaba la federación nacionalista.
Y es que la L9, que debía entrar en funcionamiento a finales de 2006, no estará totalmente operativa hasta 2013 o 2104, según el Govern. La línea unirá Badalona y Santa Coloma de Gramenet con el Aeropuerto del Prat y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
El Ejecutivo catalán justifica el retraso por la profunda revisión a la que ha tenido que someterse el proyecto original de la L9. El tripartito ha ampliado la línea, ha incorporado nuevas estaciones y ha reforzado los criterios de seguridad de la obra.
De los 47,8 kilómetros de la línea, se han ejecutado 20,7 kilómetros y están en construcción el 75% de las 52 estaciones.
La conselleria dirigida por Joaquim Nadal llevaba tiempo estudiando fórmulas para incorporar al capital privado en el proyecto, tal como adelantó EXPANSIÓN el 21 de junio de 2007. El pasado agosto, Ifercat sacó a concurso la construcción y mantenimiento de 26 de las 52 estaciones de la L9. Con estas concesiones, el Govern espera obtener 1.946,9 millones y alcanzar los 3.000 millones con la concesión de las estaciones que faltan por licitar.
Ifercat pide a los concesionarios de los dos primeros concursos que realicen un pago inicial de 773 millones correspondientes a la obra ejecutada hasta el momento para financiar los tramos que faltan por construir. Dos consorcios liderados por FCC y ACS –los mismos que se adjudicaron la construcción de la mayor parte del trazado– se han presentado a los concursos.
Fuentes del sector critican la premura y las dudas con las que se ha llevado el proceso de licitación. También señalan que las concesionarias no se sienten cómodas con el pago inicial exigido por el Govern, ya que les obliga a actuar como entidades financieras.
Cambio de sistema
El primer tripartito cambió en 2004 la financiación de la L9. CiU había optado por el método alemán –por el que las obras no se pagan hasta que estén finalizadas– para acelerar los plazos de construcción, ya que no disponía de financiación para ejecutar las obras. El tripartito quería reducir los costes financieros y ganar transparencia y consiguió los préstamos del BEI.
Ifercat y las empresas adjudicatarias negociaron con BBVA, Caja Madrid, Santander, La Caixa, Caixa Catalunya, Sabadell, Dexia y Popular la anulación de los créditos acordados.
